La reforma laboral continúa avanzando en el Congreso, en medio de un ambiente de deliberación intensa, presiones políticas y marcadas diferencias entre los textos aprobados en Cámara y los ajustes introducidos por los senadores; mientras algunos sectores del Legislativo denuncian maniobras dilatorias.

En la sesión de este martes 17 de junio, con la que finalmente el proyecto concluyó su último debate, la plenaria aprobó uno de los cambios más debatidos y convirtió el contrato de aprendizaje en una relación laboral formal, con salario mínimo, prestaciones sociales y bonificación anual para los aprendices del Sena.

Más información: Los temas de la reforma laboral que aún dividen al Gobierno y al Senado

Se trata del artículo 23, que redefine la naturaleza del contrato de aprendizaje y fue aprobado manteniendo el texto avalado por la Cámara de Representantes, en el que se establece que los aprendices recibirán el 75% del salario mínimo en etapa lectiva ($1.067.300) y el 100% del mínimo durante la etapa práctica ($1.423.500).

A esto se suma la afiliación a salud, pensión, riesgos laborales, una carga prestacional estimada en 51% ($725.985) y la inclusión de beneficios convencionales. En total, la monetización por aprendiz se aproxima a $2.135.250 mensuales.

Empleo para jóvenes

Icetex

Además, la plenaria del Senado avaló proposiciones impulsadas por el Gobierno que modifican el texto original, manteniendo la esencia del contrato de aprendizaje como figura especial, pero incorporando nuevos derechos.

Por otra parte, la versión aprobada incluye vacaciones, bonificación anual equivalente a medio salario mínimo y el reconocimiento de la etapa práctica como experiencia laboral certificable. También se eliminó un polémico parágrafo que otorgaba funciones de control de calidad sobre el Sena al Ministerio de Educación, medida que había sido fuertemente criticada por afectar la autonomía de la entidad adscrita al Ministerio del Trabajo.

El nuevo diseño del contrato de aprendizaje establece que, en caso de formación dual, el aprendiz recibirá el 75% del salario mínimo durante el primer año y el 100% en el segundo año. Para la formación tradicional, el porcentaje será del 75% en la fase lectiva y del 100% en la fase práctica. Además, los estudiantes universitarios recibirán siempre el 100% del mínimo, sin importar la modalidad de formación.

Lea también: Nueva tributaria del gobierno Petro desata temores en el mercado y muchas críticas

Efectos nocivos

Las decisiones tomadas por el Senado generaron reacciones inmediatas en el sector empresarial, donde voceros como Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios (Andi), advirtió que la presión por mantener intacto el texto de Cámara o del Gobierno pone en riesgo la aprobación de la reforma.

“Sorprende inmensamente que algunos prefieran que se hunda la reforma laboral si no se aprueba el texto que venía de la Cámara o el del Gobierno. Es como si el Senado no tuviera ninguna posibilidad de enriquecer, mejorar o modificar”, señaló.

Reforma laboral

Néstor Gómez - El Tiempo

Mac Master subrayó que, si la reforma no se aprueba, los trabajadores podrían perder beneficios ya ganados en el texto vigente, como el reconocimiento del recargo dominical al 100% o el ajuste del horario de la jornada diurna hasta las 7 p. m., en lugar de las 9 p. m. actuales y advirtió que “con los trabajadores hay que ser claros. Si se hunde la reforma, se les estaría pidiendo que renuncien a avances”.

Por su parte, José Ignacio López, presidente del Centro de Estudios Económicos Anif, puso en duda la conveniencia de convertir el contrato de aprendizaje en contrato laboral y recordó que, tras la creación de esta figura en 2002, el número de contratos se incrementó un 89% en 2003, pasando de 30.128 a 56.847.

“Esperemos que esta decisión no vaya en contravía de los mismos aprendices, que algunos dicen defender, sin pensar en el riesgo de esta decisión”, advirtió, quien enfatizó en que la carga prestacional y salarial del nuevo esquema podría desincentivar a las empresas a contratar aprendices, reduciendo oportunidades de formación y entrada al mercado laboral formal para jóvenes.

Consulte también: Qué tan probable es que calificadoras de riesgo rebajen la nota a Colombia próximamente

Madres comunitarias

Otro avance importante de la jornada legislativa fue la aprobación del artículo 74, que ordena la vinculación laboral de las madres comunitarias y sustitutas al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), en calidad de trabajadoras oficiales. El artículo fue aprobado con 80 votos a favor y 12 en contra, y contempla una vinculación progresiva durante cuatro años que comienza con un 25% de las madres en 2025, un 25% adicional en 2026 y en las mismas proporciones para 2027 y 2028.

La norma establece que el ICBF tendrá un plazo de seis meses para definir los criterios de progresividad mediante resolución, y que el mismo tratamiento se aplicará a las madres jardineras vinculadas a través de las cajas de compensación familiar. Esta disposición fue celebrada por algunos sectores sociales como un paso histórico hacia la formalización del trabajo de cuidado comunitario, aunque aún quedan dudas sobre el impacto fiscal y la viabilidad presupuestal de su implementación.

Reforma laboral.

Imagen generada con Inteligencia Artificial - ChatGPT

En contraste con estos avances, el Senado eliminó el artículo 9, que había sido aprobado previamente en Cámara y que otorgaba estabilidad laboral reforzada a personas embarazadas, prepensionados y trabajadores que adquieran una discapacidad significativa durante la vigencia del contrato.
Este artículo prohibía el despido sin justa causa y requería autorización judicial o de inspector de trabajo para terminar la relación laboral en esos casos. El Gobierno, según fuentes del Congreso, respaldó su eliminación y buscaría que no se reincorpore en la conciliación, lo que ha generado críticas de sectores que consideran que este tipo de protecciones son fundamentales para poblaciones vulnerables dentro del mercado laboral.

También fue aprobado el artículo 62, que establece una política pública de protección laboral frente a la descarbonización y transición energética. La norma obliga al Estado, junto con las empresas del sector minero y energético, a formular planes de cierre y salvaguarda de derechos laborales, con incentivos, mecanismos de reconversión y fuentes de financiación que garanticen el respaldo a los trabajadores afectados por el cambio de matriz productiva.

Información relacionada: ‘Persiste su condición clínica de máxima gravedad’: parte médico de Miguel Uribe

En otro momento, la plenaria hundió el artículo 37 de la reforma laboral, que proponía actualizar el tratamiento para los trabajadores de tiempo parcial. La norma permitía pactar el pago anticipado de cesantías y primas en contratos de jornadas inferiores al tiempo completo, siempre que se respetaran recargos dominicales y festivos. También planteaba excepciones para jornadas especiales y garantizaba derechos integrales a quienes laboraran por días. 

Así mismo, fue rechazado en plenaria el artículo 38, que creaba la figura de Unidad de Trabajo Especial (UTE) como un mecanismo para asegurar aportes parciales a pensión y riesgos laborales para trabajadores con ingresos inferiores a un salario mínimo. Estaba dirigido a contratistas, independientes y empleados con baja dedicación mensual. La iniciativa pretendía dar cobertura en salud y pensión a quienes hoy quedan por fuera del sistema formal. No fue aprobado.

Debate reforma laboral

César Melgarejo / EL TIEMPO

La plenaria del Senado también aprobó tres artículos claves: el 11, que define la jornada diurna y nocturna; el 15, con el que se avala que el trabajador que labore los domingos o festivos tenga un recargo del 100 %, y el 25, con el que se establece la cuota de aprendizaje.  

Ahora bien, uno de los temas que generó mayor división en el debate tiene relación con el modelo 4X3 (cuatro días de trabajo por tres de descanso) que estaba definido en el artículo 12. En la sesión de este martes, la corporación aprobó la modificación de este apartado, por lo que se dejó sin afectos esta opción y se incorporó una proposición que estableció que la jornada máxima laboral será de cinco a seis días, con una duración máxima de ocho horas ordinarias. 

Con el aval de esta corporación, se espera que este miércoles se designen los ponentes de la conciliación de la reforma laboral y salga un solo texto, para que el jueves y, a más tardar el viernes, las plenarias de Senado y Cámara aprueben el proyecto o, de lo contrario, la ley se hundirá por falta de trámite.